La reducción del IVA al 10% en los combustibles fósiles ha generado preocupaciones en Bruselas, ya que se considera una violación de la normativa europea. Esta medida, parte de un paquete de 80 iniciativas lanzadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para contrarrestar el aumento de precios derivados de la guerra en Oriente Medio, representa un coste de 507 millones de euros para las arcas públicas.
El 20 de marzo, el Ejecutivo aprobó este plan, que cuenta con un presupuesto total de aproximadamente 5.000 millones de euros hasta finales de junio. A pesar de las advertencias de la Comisión Europea, que ha indicado que la directiva sobre el IVA no permite tipos reducidos en suministros de combustible, el Ministerio de Hacienda defiende la temporalidad de esta medida, subrayando su carácter no estructural.
Además, el Gobierno ya ha implementado una rebaja en los impuestos especiales sobre hidrocarburos, que afecta a productos como el gasóleo y la gasolina sin plomo, estimándose un impacto de 656,5 millones de euros. Sin embargo, esta acción limita las opciones futuras para continuar con la reducción de precios en los carburantes.