El Tribunal Supremo ha anulado el registro único de alquileres turísticos, afectando las políticas del Gobierno en materia de vivienda, coincidiendo con el tercer aniversario de la Ley de Vivienda. Esta decisión se produce tras un recurso presentado por la Generalitat Valenciana y considera que el Estado no tiene la capacidad para imponer un registro nacional que interfiera con las competencias autonómicas.
La sentencia, que mantiene otros aspectos del decreto, como la ventanilla única digital de arrendamientos, establece que el Estado puede coordinar aspectos tecnológicos y estadísticos, pero la autoridad para registrar y autorizar propiedades de uso turístico recae exclusivamente en las comunidades autónomas. Desde el Ministerio de Vivienda, se argumenta que más de 111.000 alquileres ilegales han sido detectados desde la implementación del registro, instando a las comunidades a intensificar las inspecciones.
Este fallo resalta la creciente tensión en el debate sobre la vivienda, donde los precios han aumentado significativamente en los últimos años debido a la disminución de la oferta y un incremento en la demanda.