El Impuesto sobre el Patrimonio en España presenta una grave pérdida de recaudación, ya que se estima que se pierden 8 de cada 10 euros que podrían ser recaudados. Esta conclusión proviene de un informe publicado por Oxfam Intermón, que destaca las deficiencias en el diseño de este impuesto, el cual limita su efectividad en la reducción de la desigualdad y en la redistribución de la riqueza.
Oxfam señala que aproximadamente el 42% de la riqueza declarada no está sujeta a este impuesto, con la mayor parte concentrada en el 10% de los contribuyentes más ricos. Aunque España es uno de los pocos países que mantiene un impuesto sobre el patrimonio neto, su diseño permite que las grandes fortunas logren reducir su carga tributaria significativamente.
Entre las principales debilidades del impuesto se encuentra la exención de participaciones y acciones empresariales, que, según Oxfam, favorece desproporcionadamente a los grandes patrimonios, en lugar de proteger a las pequeñas y medianas empresas familiares para las que fue concebida. Esta situación disminuye la progresividad del sistema y su capacidad para generar recursos de quienes más poseen.