Un nuevo pacto gubernamental ha excluido a la familia Trump y sus empresas de auditorías fiscales pasadas, estableciendo una prohibición permanente por parte del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Este acuerdo impide cualquier revisión de las declaraciones de impuestos anteriores al pacto, garantizando así la protección de los negocios de Donald Jr. y Eric Trump, que operan en sectores como logística, salud y criptomonedas.
El fiscal general Tod Blanche defendió la medida argumentando que existe una persecución política contra Donald Trump, quien ha demandado a la administración por la filtración de datos fiscales. Trump reclama una indemnización cercana a 10.000 millones de euros. En este contexto, se ha creado un fondo de compensación de 2.000 millones de dólares para aquellos que se consideren perseguidos políticamente durante el mandato de Joe Biden.
La oposición ha criticado fuertemente esta acción, considerándola como un acto de corrupción extremo. Según el Departamento de Justicia, las investigaciones relacionadas con la familia Trump están "prohibidas y vetadas para siempre", lo que significa que no serán procesados ni se les dará seguimiento en el ámbito fiscal.