La fiscalidad en el sector inmobiliario en España es notablemente elevada, representando hasta un 25% del coste total de un inmueble. En un contexto donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones en el país, el informe del IEE revela que los impuestos y bonificaciones son un factor crucial que a menudo se pasa por alto.
El tipo marginal efectivo sobre la vivienda ocupada en propiedad alcanza un 30,3%, comparado con el 9,7% de la OCDE y el 6,5% de la Unión Europea. En el caso del mercado de alquiler, este tipo asciende al 44%, muy por encima del 32%% de la media de la OCDE. Esta carga fiscal, unida a la reciente Ley de Vivienda de 2023, está generando un "efecto cerrojo", donde los propietarios optan por retirar sus viviendas del mercado ante la creciente presión fiscal y la inseguridad jurídica.
Para una familia que compra una vivienda protegida, los impuestos pueden representar una carga significativa. Según ASPRIMA, de cada 100.000 euros invertidos, 25.000 euros se destinan a impuestos como el IVA, el Impuesto de Sociedades, el ITP y el AJD. España también se sitúa como uno de los países con los tipos máximos más altos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, solo superada por Bélgica y el Reino Unido.