Desde diciembre de 2025, se han implementado cambios significativos en la regulación de la extinción de contratos de trabajo, afectando especialmente a los contratos formativos. Estas modificaciones, que impactan en los costes y procedimientos para los empleadores, han sido resaltadas por el consultor laboral Daniel Blas, quien advierte que los negocios, especialmente los más pequeños, podrían enfrentar mayores cargas económicas y burocráticas.
El Real Decreto 1065/2025 establece nuevas causas para la finalización de la relación laboral en contratos formativos, como la obtención de la cualificación profesional por parte del empleado y la falta de matrícula en la formación correspondiente. En estos casos, el vínculo laboral se extingue sin que se considere un despido, lo que significa que no hay derecho a indemnización.
Las reformas buscan reforzar la protección del trabajador, pero su aplicación podría complicar aún más la situación de las pequeñas empresas. A partir de 2024, se espera que la jurisprudencia influya en la interpretación de estas nuevas normativas laborales.