Una reciente decisión del Tribunal Supremo, datada el 17 de febrero de 2026, ha establecido nuevas restricciones respecto a la utilización de bonus en el ámbito laboral. La sentencia anula cláusulas de retribución variable aplicadas por CaixaBank, prohibiendo que se retire un incentivo ya generado por sanciones impuestas a un trabajador.
Además, el fallo determina que el importe final de los bonus no puede quedar a criterio del responsable sin contar con criterios objetivos y verificables. Este pronunciamiento afecta a un conflicto colectivo en el sector financiero, aunque sus implicaciones se extienden a otras empresas, especialmente autónomos y pymes que aplican incentivos de manera genérica.
Expertos advierten que la sentencia obliga a revisar los sistemas de incentivos de muchas pequeñas empresas, donde las decisiones suelen ser discrecionales y poco transparentes. La falta de criterios objetivos puede llevar a que las empresas se vean obligadas a pagar el bonus a todos los trabajadores, independientemente de su desempeño.