En un esfuerzo por abordar el déficit de jueces en España, el Gobierno de Pedro Sánchez planea crear 500 nuevas plazas judiciales en los próximos seis meses, lo que representará el mayor aumento desde la aprobación de la Constitución. Esta medida busca mejorar la ratio de jueces por habitante en el país, que es inferior al de otras democracias europeas.
No obstante, la iniciativa ha encontrado resistencia en el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los vocales propuestos por el PP critican la propuesta del Ministerio de Justicia, que sugiere que la mayoría de las vacantes se cubran a través de convocatorias dirigidas a juristas con más de diez años de experiencia, conocido como el "cuarto turno".
El ministro Félix Bolaños enfrenta presión para aumentar las convocatorias de acceso por oposición, que representan la vía tradicional de acceso a la judiciatura para la derecha, lo cual no puede llevar a cabo sin nuevos presupuestos. Este contexto plantea un desafío significativo para la implementación de la reforma judicial prevista.