La aprobación del anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud por parte del Ejecutivo marca un acontecimiento significativo en el ámbito sanitario español. La norma, que busca poner límites a las prácticas especulativas y privatizadoras, está diseñada para ser revisada por diferentes ministerios antes de su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros y su posterior envío a las Cortes.
Este movimiento legislativo se produce en un contexto donde la gestión sanitaria ha sido objeto de debate desde finales de los años noventa, especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha consolidado un modelo de gestión que ha recibido críticas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado su descontento, afirmando que el nuevo proyecto busca desmantelar la sanidad en la región, lo que podría llevar a una crisis en el sistema.
El impacto de esta ley podría ser considerable, dado que se plantea como un desafío directo a un modelo de gestión que ha predominado durante décadas. La respuesta del Gobierno y de los partidos involucrados será crucial para determinar el futuro del sistema sanitario español.