El accidente ferroviario en Adamuz ha puesto de relieve la crisis de las infraestructuras de transporte en España, un aspecto fundamental del Estado del bienestar. Este trágico evento se suma a los problemas ya existentes en la red de Rodalies en Barcelona, evidenciando una administración que no ha respondido adecuadamente a las necesidades de los ciudadanos.
Las clases medias, afectadas por un aumento de impuestos y por la falta de confianza en los servicios públicos, están recurriendo cada vez más a opciones privadas. Esta situación se agrava por el descontento generalizado frente a la calidad de los servicios básicos, como la sanidad y la educación, lo que ha llevado a protestas indefinidas, como la convocada por los sindicatos de médicos en respuesta a las políticas de la ministra de Sanidad, Mónica García.
A medida que crece la frustración social, se prevé que Catalunya y otras regiones se sientan cada vez más marginadas en cuanto a las inversiones en infraestructuras, lo que podría intensificar el malestar territorial. La percepción de un trato desigual en la distribución de recursos podría agravar aún más la situación en comunidades como Madrid, que recibe la mayor parte de la inversión pública.