La supresión de la obligación de declarar la renta para los beneficiarios de prestaciones por desempleo afectará a aproximadamente 7.000 millones de euros en cotizaciones a trabajadores y empresas. Esta medida, aprobada por el Gobierno en el Consejo de Ministros y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se aplicará a partir del ejercicio fiscal de 2025.
El Real Decreto-ley modifica la Ley General de la Seguridad Social, eliminando una carga administrativa que el Ejecutivo considera innecesaria. Según la normativa anterior, los perceptores de subsidios debían presentar la declaración del IRPF, aunque el Gobierno justifica que esto solo era una obligación formal y no alineaba con el objetivo de proporcionar información adicional a las entidades gestoras.
La discrepancia entre las normativas de las prestaciones por desempleo y el ingreso mínimo vital llevó a la decisión de eliminar esta obligación, argumentando que incrementaba la carga para los trabajadores. Los datos requeridos para verificar las declaraciones de subsidio serán gestionados por el SEPE mediante consultas a la información tributaria de los beneficiarios.