La Agencia Tributaria ha modificado su normativa, permitiendo a autónomos y pymes presentar tasaciones de inmuebles realizadas por peritos independientes para aplazar o fraccionar deudas que superen los 50.000 euros. Esta decisión elimina la exigencia anterior de utilizar tasadores inscritos en el registro oficial, lo que podría reducir el coste de este proceso y facilitar la liquidez de muchas empresas.
El cambio se produce tras una sentencia de la Audiencia Nacional y está reflejado en una nueva instrucción. Miguel Ángel López Gómez, profesor en EAE Business School, indica que esta nueva directriz transforma la exigencia de usar tasadores oficiales en una preferencia, permitiendo la inclusión de otros profesionales cualificados. Esto significa que las solicitudes ya no podrán ser denegadas por razones formales relacionadas con el tipo de tasador.
A pesar de la apertura a más opciones, la Agencia Tributaria continuará priorizando la tasación de inmuebles que puedan ser vendidos rápidamente en caso de impago, lo que refleja un enfoque más conservador en el análisis de garantías. Este ajuste introduce mayor competencia en el mercado de tasaciones y podría ayudar a los autónomos a encontrar profesionales con tarifas más competitivas.