A partir del 1 de enero de 2026, el Ministerio de Hacienda comenzará a recibir información más detallada sobre el gasto en Sanidad de las comunidades autónomas. Esta medida tiene como objetivo mejorar el control y la fiscalización del gasto sanitario, especialmente en un contexto político tenso.
El departamento dirigido por María Jesús Montero implementará una normativa que obligará a las autonomías a enviar datos mensuales sobre inversiones en equipos de alta tecnología sanitaria y otros gastos significativos. Esta exigencia se basa en la Ley General de Sanidad de 1986, cuya correcta aplicación ha estado pendiente desde 2015.
Las comunidades deberán informar antes del día 15 de cada mes sobre su gasto farmacéutico y sanitario, incluyendo los gastos del mes anterior y del mismo mes del año anterior. Esta ampliación de las obligaciones informativas busca asegurar la sostenibilidad del gasto sanitario a medio y largo plazo.
