El Gobierno ha decidido retrasar la cesión del IRPF a Cataluña para mantener la estabilidad en el nuevo sistema de financiación autonómica. Este aplazamiento busca evitar que un desacuerdo sobre la recaudación de impuestos afecte el reparto de 18.000 millones de euros que se destinarán a todas las comunidades autónomas.
En virtud del acuerdo, Cataluña recibirá un aumento de 4.700 millones de euros y se planea compartir la gestión tributaria con la Agencia Estatal. Sin embargo, las críticas han surgido en torno al principio de ordinalidad y el impacto que esto podría tener en la unidad de la Agencia Tributaria.
El presidente Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han abordado la situación, pero la complejidad de llegar a un consenso ha llevado a dejar de lado el tema de la cesión. La Generalitat considera que avanzar en la gestión del IRPF es factible, aunque reconoce las limitaciones de su aún incipiente agencia tributaria.
Se prevé establecer un modelo transitorio para compartir la gestión fiscal hasta que Cataluña pueda asumir plenamente esta responsabilidad. Este marco se desarrollará a lo largo del año, mientras se sientan las bases de un nuevo sistema de financiación que se adapte a las necesidades de cada región.