El acuerdo para establecer un Impuesto Mínimo Global (IMG) del 15% bajo el marco de la OCDE/G20 ha generado controversia, ya que se considera un ataque a la soberanía estatal y a la libertad económica. Este consenso, presentado como un esfuerzo por la "justicia fiscal", en realidad, busca proteger a los países con alta tributación de la competencia que representan jurisdicciones más eficientes.
La nueva normativa incluye mecanismos como la Regla de Inclusión de Ingresos (IIR) y la Regla de Pagos Insuficientemente Gravados (UTPR), que limitan la capacidad de los Estados para ajustar su política fiscal y atraer inversiones. El diseño de estas reglas transforma la arquitectura tributaria internacional, imponiendo un sistema de imposición extraterritorial que socava la autonomía fiscal de las naciones.
Con este marco, si un país decide reducir su carga impositiva para fomentar la inversión y el empleo, la jurisdicción de la matriz de la empresa multinacional puede gravar esa renta no sujeta a impuestos, eliminando así el incentivo fiscal. Como resultado, muchas naciones se convierten en meras receptoras de normas, obligadas a alinearse con los intereses de un grupo selecto de países que priorizan el mantenimiento de administraciones grandes y costosas.