Desde el 1 de enero de 2026, China ha comenzado a aplicar un impuesto del 13% sobre condones y píldoras anticonceptivas, eliminando una exención fiscal que había estado vigente durante tres décadas. Esta medida busca frenar la caída de la natalidad que afecta al país, donde las tasas de natalidad han disminuido drásticamente en los últimos años.
La política del hijo único, que estuvo en vigor desde 1980 hasta 2015, ha provocado un descenso demográfico significativo, y las autoridades han señalado la necesidad de abordar este problema para evitar consecuencias negativas en la economía, el sistema de pensiones y la sanidad pública. Además de gravar los métodos anticonceptivos, el gobierno ha implementado otras iniciativas, como subsidios anuales para el cuidado infantil y programas educativos en universidades sobre el matrimonio y la familia.
A pesar de estos esfuerzos, la falta de éxito en revertir la tendencia se atribuye a factores como el alto coste de la educación y el cuidado infantil, junto con una desaceleración económica y la incertidumbre laboral, que han llevado a muchos jóvenes a posponer la formación de familias.