La reciente eliminación de la obligación de presentar la declaración del IRPF para los beneficiarios de prestaciones por desempleo afectará a más de 2,5 millones de personas. La medida, formalizada en un Real Decreto-ley publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), busca reducir las cargas administrativas relacionadas con este colectivo.
El Gobierno había decidido previamente, en marzo, posponer esta obligación para el año 2026, pero ha considerado necesaria su supresión para evitar una modificación no intencionada de las obligaciones tributarias de los perceptores de desempleo. Este cambio se justifica por la intención inicial de la norma de proporcionar información adicional a la entidad gestora, en lugar de imponer una carga extra a los beneficiarios.
El 75% de los afectados obtienen ingresos por desempleo por debajo de 5.400 euros, lo que hace que la gestión de estas declaraciones adicionales represente una carga considerable tanto para los contribuyentes como para la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.