La reactivación de las minas de Aznalcóllar y Las Cruces ha suscitado un intenso debate sobre su impacto ambiental en Andalucía, incluso llegando a manos de la Fiscalía. Un estudio promovido por universidades andaluzas cuestiona la validez científica de los permisos de vertido minero, advirtiendo de un posible daño severo en el estuario del Guadalquivir.
Por otro lado, un grupo de expertos argumenta que la actividad minera se adhiere a la normativa vigente y no ha causado efectos adversos en el agua ni en los sedimentos, basándose en más de 17.000 análisis. Las empresas involucradas afirman que sus procesos están bajo estrictos controles y que los vertidos se mantienen por debajo de los límites legales establecidos.
El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, ha solicitado una moratoria sobre futuras concesiones y "las medidas cautelares que sean oportunas", apoyándose en el estudio que critica la falta de una base científica sólida para las autorizaciones de vertido. Este asunto ha captado la atención no solo de científicos, sino también del Ministerio Público, en un contexto donde la minería se vuelve crucial para la economía del sur de España.