El aumento en los costos de los materiales de construcción, desencadenado por la guerra en Irán, está impactando negativamente en el sector de la obra pública en España. Este fenómeno se produce en un contexto en el que es fundamental mantener la infraestructura vial y utilizar adecuadamente los fondos europeos disponibles. La situación ha llevado a un incremento significativo en la cantidad de contratos que quedan desiertos, así como a una notable disminución en la competencia por los proyectos, con muchos adjudicados a un único licitador.
Datos aportados por la asociación de grandes consultoras Seopan revelan que entre enero y agosto de este año, el volumen de contratos adjudicados a un solo licitador ascendió a 976 millones de euros, lo que representa un aumento de cuatro veces en comparación con los 245 millones de euros del mismo periodo del año anterior. Este incremento ha sido atribuido a la elevada incertidumbre que enfrentan las empresas constructoras, muchas de las cuales han optado por no participar en licitaciones para evitar riesgos financieros. La escasa competencia resultante ha llevado a una disminución en las ofertas competitivas.
Una de las principales demandas de las constructoras es que el Gobierno reconozca los aumentos en los costes de los materiales en los contratos ya firmados. Durante la invasión de Ucrania en 2022, el Gobierno accedió a estas solicitudes, pero actualmente las ayudas se han dirigido principalmente a productos energéticos como los carburantes y la electricidad. A pesar de esta situación, existe confianza en que el Gobierno pueda abordar el problema antes de las próximas elecciones.
A pesar de que las empresas han señalado que la contratación estatal, así como la de entidades como Aena y Adif, sí incluye revisiones por sobrecostes, hacen un llamado al Gobierno para que establezca una ley que obligue a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a adoptar medidas similares. Es precisamente en estos niveles administrativos donde se concentra el problema de la falta de ajustes en los contratos.
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha informado que en el primer semestre de este año, casi tantos contratos de obra pública quedaron desiertos como en todo el año 2025. Esta situación representa un incremento del 16% en comparación con los peores momentos de la crisis provocada por la invasión de Ucrania, cuando los costos de los materiales de construcción se dispararon. Actualmente, se estima que en España hay cerca de 188 obras al mes que no cuentan con empresas constructoras dispuestas a llevarlas a cabo.
Contexto: En los últimos años, el sector de la construcción en España ha enfrentado múltiples desafíos, desde la crisis económica hasta la pandemia de COVID-19. La dependencia de materiales importados y la fluctuación en los precios de la energía han añadido presión sobre las empresas. La falta de inversión en infraestructura pública ha limitado las oportunidades en el sector, y el actual problema de desiertos en licitaciones refleja la incertidumbre económica y política en el país. Los contratos de obra pública son críticos para el desarrollo de infraestructuras y la creación de empleo, convirtiendo esta situación en un tema de interés para la recuperación económica en España.