El Tribunal Supremo de España ha determinado que el uso no autorizado de tarjetas bancarias, incluso en cantidades pequeñas, debe considerarse un delito grave. En una reciente sentencia, la número 565/2026, de fecha 25 de septiembre, el alto tribunal revirtió una decisión anterior de la Audiencia Provincial que había considerado el caso como un delito leve.
El caso en cuestión involucra a un hombre que gastó 31,50 euros con una tarjeta que había sido robada en un bar de Girona. El incidente ocurrió en diciembre de 2024, cuando una mujer sufrió el robo de su bolso en un local de ocio nocturno. Unos minutos después, el acusado utilizó su tarjeta para pagar tres consumiciones de 10,50 euros cada una en un bar cercano, acercando la tarjeta al datáfono. Tras estos pagos, la propietaria de la tarjeta la bloqueó, impidiendo un intento posterior de pago por 120 euros.
Inicialmente, el Juzgado de lo Penal n.º 5 de Girona condenó al hombre a seis meses de prisión. Sin embargo, en apelación, la Audiencia Provincial redefinió el caso como un delito leve, dado que la cantidad involucrada no superaba el umbral de 400 euros, y sustituyó la pena de prisión por una multa de dos meses. No obstante, el fiscal llevó el asunto al Tribunal Supremo, que decidió restablecer la condena original.
La nueva interpretación del Tribunal Supremo cierra la posibilidad de que delitos de este tipo se clasifiquen como leves solo por el monto involucrado. Según el Código Penal español, el artículo 248 se refiere a las estafas ordinarias, donde se permite una reducción a delito leve si el perjuicio no excede 400 euros. Por otro lado, el fraude con tarjetas está regulado en el artículo 249, que establece penas para quienes utilicen tarjetas de manera fraudulenta.
Este fallo del Tribunal Supremo establece un precedente significativo en la jurisprudencia española en relación con los delitos de fraude con tarjetas, asegurando que estos actos serán tratados con mayor severidad, independientemente de la cantidad económica involucrada.
Contexto: Desde hace tiempo, las interpretaciones sobre los delitos de fraude con tarjetas han variado entre las diferentes instancias judiciales en España. La decisión del Tribunal Supremo refuerza la posición de que cualquier uso no autorizado de una tarjeta es un delito serio, independientemente del monto. Este enfoque más riguroso podría influir en futuros casos y contribuir a una mayor protección de los consumidores en un contexto donde el uso de tarjetas de crédito y débito es cada vez más común. Además, la regulación del fraude con tarjetas busca adaptarse a las nuevas realidades del comercio electrónico y las transacciones digitales en el país.