El 5 de octubre se estableció el inicio del periodo obligatorio para la adopción de la factura electrónica, afectando a empresarios y profesionales en España. Al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda anunció un nuevo aplazamiento del proyecto Verifactu, cuyo objetivo es alinear esta iniciativa con la normativa europea conocida como IVA en la Era Digital (ViDA). La ley Antifraude de 2021 y la ley Crea y Crece de 2022 han sido fundamentales en este proceso, con la primera centrada en la lucha contra el fraude fiscal y la segunda en la mejora del entorno empresarial y la reducción de la morosidad.
Ambas iniciativas, aunque relacionadas, han seguido caminos separados en su desarrollo normativo, lo que ha generado confusión y falta de seguridad en las decisiones empresariales. Verifactu y el uso de la factura electrónica, aunque buscan objetivos similares, requieren diferentes programas informáticos con especificaciones técnicas distintas. Esto ha llevado a las empresas a realizar inversiones aceleradas para cumplir con las nuevas obligaciones.
La administración pública tiene la responsabilidad de no solo promover la digitalización, sino también de facilitar su implementación de manera coordinada. Las ayudas económicas, como aquellas incluidas en el programa Next Generation, requieren de gestiones administrativas que pueden resultar complicadas. Además, es crucial ofrecer incentivos fiscales para las inversiones vinculadas al cumplimiento normativo que fomenta la digitalización.
La falta de sincronización entre estas iniciativas ha puesto de manifiesto la necesidad de un marco regulador más estable que considere tanto las normativas actuales como las futuras. La digitalización del tejido empresarial es vital para mejorar la eficiencia y la relación entre empresas y la administración pública, así como para garantizar un control más efectivo sobre las obligaciones fiscales.
Contexto: La ley Antifraude, aprobada en 2021, busca combatir el fraude fiscal mediante la implementación de herramientas digitales. Por su parte, la ley Crea y Crece, que data de 2022, se enfoca en mejorar las condiciones para el desarrollo empresarial en España. A medida que España avanza hacia la digitalización, es fundamental que las iniciativas del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía se alineen para proporcionar un entorno más predecible y seguro para las empresas.