La Inspección de Trabajo ha finalizado su investigación sobre Uber Eats, resultando en una reclamación de 110 millones de euros por cotizaciones no abonadas y la identificación de 60.000 altas de falsos autónomos. Este proceso se llevó a cabo para asegurar que la empresa cumpla con la Ley Rider, que desde agosto de 2021 obliga a las plataformas de reparto a clasificar a sus repartidores como empleados en lugar de autónomos.
En enero, Uber Eats anunció su decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos en España, indicando que sus trabajadores se convertirán en empleados de flotas colaboradoras. La investigación, iniciada en julio, tenía como objetivo verificar si el modelo de contratación de la plataforma se ajustaba a las normativas laborales vigentes, según fuentes del Ministerio de Trabajo.
Un portavoz de la empresa ha reafirmado su compromiso con el cumplimiento normativo y ha expresado su intención de colaborar con repartidores, sindicatos y el Gobierno para asegurar un proceso justo para todos los involucrados en el sector de reparto.