La reciente sentencia del Tribunal Supremo afecta a aproximadamente 300.000 trabajadores temporales en España, que incluyen auxiliares administrativos y personal de limpieza, entre otros. Este fallo judicial se centra en el abuso de la temporalidad en la administración pública, permitiendo que estos empleados puedan llevar sus casos a los tribunales.
Según datos de Función Pública, al cierre de julio de 2025, hay 298.989 trabajadores en esta situación, con una notable concentración en comunidades autónomas y ayuntamientos. Andalucía destaca con 56.720 empleados temporales, seguida de Madrid con 38.056 y Cataluña con 38.055.
El impacto de la sentencia se limita a personal laboral temporal, mientras que la situación de los funcionarios interinos aún está pendiente de resolución por parte de la Sala de lo Contencioso. El abogado Javier Arauz menciona que en 1995 esta sala se consideró competente para tratar abusos que afectan a interinos.