Las organizaciones agrarias en España han expresado su fuerte oposición a los recortes proyectados en la nueva Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034. Estos recortes podrían suponer una disminución de hasta el 22% del presupuesto, lo que se traduce en una pérdida de aproximadamente 900 millones de euros anuales en ayudas para el sector agrícola español.
Según las estimaciones, los agricultores profesionales podrían enfrentar una reducción de ingresos que oscilaría entre 4.000 y 8.000 euros al año. Agustín Miranda Sotillos, director gerente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), advirtió que esta situación llega en un contexto de alta volatilidad de precios y riesgos climáticos, lo que añade más incertidumbre a las explotaciones agrarias que ya operan con márgenes reducidos.
Los pagos de la PAC son cruciales para muchas explotaciones, representando entre el 20% y el 40% de sus ingresos anuales. La eliminación de estas ayudas podría resultar en el cierre de numerosas explotaciones y agravar problemas como el relevo generacional y la despoblación rural en el campo español.