El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha concedido a una limpiadora de 60 años la incapacidad permanente total, a pesar de que previamente tanto la Seguridad Social como un juzgado de primera instancia habían rechazado su solicitud. Esta decisión, emitida el 16 de septiembre de 2026, permitirá que la mujer reciba una pensión mensual vitalicia con efectos retroactivos desde el 14 de noviembre de 2023.
La trabajadora había solicitado el reconocimiento de su incapacidad permanente total en 2023 debido a un complejo cuadro clínico que incluye hasta siete enfermedades diagnosticadas. Entre estas patologías se encuentran la fibromialgia, migrañas, tromboflebitis en la pierna izquierda, espondiloartrosis lumbar, incontinencia urinaria y la extirpación de la vesícula biliar, o colecistectomía.
La evaluación médica realizada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) el 20 de noviembre de 2023 determinó que las condiciones de salud de la mujer no justificaban una incapacidad permanente en ningún grado. Ante esta resolución, la limpiadora llevó el caso a los tribunales, donde un juzgado de lo social de León desestimó su demanda casi un año después, absolviendo tanto al INSS como a la Tesorería General de la Seguridad Social.
En su sentencia, la magistrada del juzgado consideró que, aunque la mujer presentaba múltiples patologías, ninguna de ellas, por sí sola, era suficientemente grave como para impedirle realizar su trabajo habitual. Sin embargo, la trabajadora no se dio por vencida e interpuso un recurso de suplicación ante el TSJCyL, que finalmente reconsideró su situación.
El TSJCyL ha argumentado que la mujer no debería ser obligada a hacer "esfuerzos heroicos" para continuar trabajando, teniendo en cuenta la complejidad y el impacto de sus enfermedades en su calidad de vida. Esta decisión marca un cambio relevante en la interpretación de las condiciones necesarias para que se reconozca la incapacidad permanente total.
Contexto: En España, la incapacidad permanente es un derecho que protege a los trabajadores que no pueden llevar a cabo su actividad laboral habitual debido a condiciones de salud. Antes de esta decisión, el sistema de pensiones había sido objeto de críticas por su rigidez en la concesión de este tipo de prestaciones. La situación de la mujer resalta las dificultades que enfrentan muchos trabajadores con enfermedades crónicas al intentar acceder a derechos que les permitan vivir con dignidad. Además, la alta tasa de desempleo en el sector de limpieza y la falta de soporte adecuado para trabajadores con condiciones similares subrayan la necesidad de un enfoque más humano y comprensivo en la legislación sobre incapacidad laboral.