El coste generado por la sobrerregulación en España se estima en más de 90.000 millones de euros, afectando de manera significativa a la actividad económica del país. Desde junio de 2018 hasta enero de 2026, se han implementado 243 leyes y decretos a nivel estatal, según un informe del Instituto Juan de Mariana y CEU CEFAS.
Este análisis revela que el 84% de estas normativas podrían ser derogadas o reformadas, lo que pone de manifiesto la necesidad de simplificación en el entorno regulatorio. La Comisión Europea ha destacado la reducción de cargas regulatorias como una prioridad para revitalizar la economía en el continente.
El Banco de España ha respaldado este diagnóstico, indicando que un incremento del 10% en la regulación puede provocar una disminución del 0,5% en el empleo en empresas con menos de diez trabajadores. Las pequeñas y medianas empresas se ven especialmente afectadas, ya que carecen de los recursos necesarios para cumplir con estas exigencias normativas.