La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha expresado preocupaciones sobre el nuevo Real Decreto ley aprobado, que incluye medidas para mitigar la crisis económica provocada por la guerra en Irán. Este análisis, realizado por el investigador Diego Rodríguez, resalta el riesgo de una excesiva discrecionalidad en la regulación de permisos para el acceso a la red eléctrica, lo que podría favorecer a ciertos proyectos considerados como estratégicos.
El decreto permite que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos decida cuáles proyectos tienen prioridad de conexión, basándose en recomendaciones de un nuevo Comité de Inversiones Estratégicas. Según Rodríguez, este enfoque podría alterar el orden de solicitudes actual y generar una falta de claridad en qué constituye un proyecto de alta prioridad, lo que podría resultar en la pérdida de oportunidades de inversión y una reducción de la competitividad en España.
Los centros de datos son uno de los sectores que más podrían verse afectados por este criterio. El investigador señala que ya se ha observado un acaparamiento de permisos por parte de promotores, lo que podría obstaculizar el despliegue ordenado de proyectos necesarios para la transición energética, incluyendo el almacenamiento de energías renovables y la producción de hidrógeno.