El Gobierno ha presentado incentivos fiscales para mitigar el impacto del reciente incremento del salario mínimo del 3,1%, el cual ha aumentado un 65% desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Sin embargo, más de 200.000 autónomos que cotizan por módulos quedarán excluidos de estas medidas, lo que ha generado críticas por parte de la CEOE.
Las nuevas ayudas se centran en empresas con un gran número de trabajadores en la franja salarial más baja, independientemente de si tienen contratos públicos. Esto marca un cambio respecto a lo que se esperaba inicialmente. Las compañías que deseen beneficiarse deberán cumplir con dos condiciones: mantener los puestos de trabajo y mejorar las bandas salariales que superen el salario mínimo.
A pesar de la intención de fomentar el aumento salarial, la patronal considera que los requisitos son «inasumibles». Además, familias y pensionistas que empleen a trabajadores del hogar no podrán acceder a estas deducciones fiscales, lo que limita aún más el alcance de las medidas.