Un nuevo impuesto especial sobre las empresas del sector energético ha sido anunciado por los Gobiernos de España, Alemania e Italia, en un intento de regular las ganancias derivadas del aumento de precios de gas y petróleo por el conflicto en Irán. Este gravamen busca lo que se denomina "distribución justa de la carga", pero ha sido criticado como un acto de doble imposición que socava la seguridad jurídica.
El sector energético en España ya contribuye significativamente a los ingresos públicos, enfrentándose a una carga fiscal elevada que incluye impuestos como el IVA y los impuestos especiales sobre hidrocarburos. Con el aumento de los precios de las materias primas, las empresas ven incrementada automáticamente su carga fiscal, lo que hace que este nuevo impuesto sea considerado una confiscación adicional de ingresos legítimos.
Este gravamen no solo afecta las cuentas de las empresas, sino que también limita su capacidad de inversión en exploración y mejora de infraestructuras críticas. La incertidumbre generada por esta medida puede tener repercusiones negativas en un sector que ya opera al límite de su capacidad.