El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un real decreto que permitirá la regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes en España. Este proceso se llevará a cabo durante tres meses, comenzando a principios de abril y finalizando el 30 de junio. La regularización suspenderá automáticamente las órdenes de expulsión y otorgará una autorización de residencia provisional a los solicitantes, permitiéndoles trabajar y acceder a servicios esenciales como la asistencia sanitaria.
Esta medida ha generado divisiones políticas, con Alberto Núñez Feijóo anunciando su intención de denunciar la regularización en Europa, argumentando que va en contra de los intereses del país. Por su parte, la ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha defendido que la iniciativa, acordada con Podemos, busca dignificar los derechos de los inmigrantes.
Sin embargo, figuras como Juan Soto Ivars han cuestionado la verdadera motivación detrás de esta regularización, sugiriendo que busca más bien incrementar la recaudación fiscal a expensas de estas personas. En el podcast 'La Cuota', se ha debatido sobre la posibilidad de que esta medida sea una estrategia política más que un intento genuino de ayudar a los afectados.