Desde 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez ha desembolsado un total de 21.813 millones de euros debido a errores legislativos en materia fiscal y de Seguridad Social. Además, aún quedan por pagar al menos 9.000 millones de euros en indemnizaciones por sentencias judiciales desfavorables, cifra que podría aumentar con futuros litigios.
Las indemnizaciones más relevantes provienen de sentencias relacionadas con el IRPF de mutualistas, el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre Hidrocarburos y el bono social eléctrico. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha instado al Gobierno a mejorar la evaluación del impacto financiero de nuevas leyes y a consultar con organismos europeos antes de realizar cambios fiscales significativos.
Entre 2019 y 2023, el total de pagos por sentencias contrarias alcanzó aproximadamente 7.381 millones de euros, cifra que se duplicó en los años 2024 y 2025, sumando 14.432 millones de euros en ese periodo. Estos gastos impactan negativamente en el déficit público, ya que la mayoría de estos importes contribuyen a los números rojos del Estado.