La Comisaría General de Información custodia dos pendrives entregados por Red Eléctrica que contienen más de 8.000 audios y cerca de 1.300 correos electrónicos relacionados con el apagón del 28 de abril. Estos archivos, que documentan las comunicaciones entre el centro de control de Red Eléctrica y diversas empresas generadoras y grandes consumidores, son clave para esclarecer la crisis eléctrica más grave en la historia de España.
Las empresas Iberdrola y Endesa han solicitado acceso a estos materiales en el marco de la investigación que lleva a cabo el juez José Luis Calama sobre la posibilidad de un ciberataque. A pesar de que la causa fue archivada, la disputa por el acceso a la información continúa en la Audiencia Nacional, donde se debate sobre la responsabilidad del apagón.
Red Eléctrica se opone a la entrega de estos archivos, argumentando que su contenido es "sensible y confidencial". La empresa presidida por Beatriz Corredor señala que revelar las grabaciones sería análogo a permitir el acceso a un cadáver en una investigación por homicidio. Este conflicto ha generado una compleja situación legal que requiere resolución judicial.