La nueva Ley Orgánica de Integridad Pública requerirá que pequeñas y medianas empresas, así como micropymes, implementen sistemas de cumplimiento efectivos para prevenir el fraude y la corrupción. Esta normativa, que marca un cambio de un modelo voluntario a uno obligatorio, afectará a todos los negocios, sin importar su tamaño, y conllevará sanciones si no se demuestran controles internos adecuados.
La gerente de Risk Advisory Services de RSM Spain, Soledad Mariel Cabral, advirtió que las consecuencias por no adaptarse pueden ser severas. Más allá de las multas económicas, el bloqueo de la actividad comercial podría amenazar la viabilidad de muchos proyectos. Aunque la ley no establece un umbral mínimo por tamaño, introduce el principio de proporcionalidad, lo que significa que las exigencias se ajustarán a la estructura y nivel de riesgo de cada negocio.
Uno de los cambios significativos es que las pymes deberán demostrar la efectividad de sus protocolos, no solo contar con ellos de forma teórica. Tendrán que implementar sistemas de control que permitan identificar riesgos y actuar ante posibles irregularidades. Con esta normativa, se busca garantizar la integridad corporativa y mejorar la capacidad de las organizaciones para prevenir cualquier tipo de incumplimiento.