El uso de la factura electrónica será obligatorio para las empresas y profesionales en España tras la aprobación de un real decreto por parte del Gobierno. Esta normativa, que tiene como objetivo principal reducir la morosidad y facilitar la digitalización, se implementará de manera escalonada. Las empresas con ingresos superiores a 8 millones de euros tendrán un año para adaptarse, mientras que las demás dispondrán de dos años desde la publicación de la orden ministerial correspondiente.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destacó que la factura electrónica permitirá a las pequeñas y medianas empresas (pymes) mejorar la previsibilidad en el cobro y reducir los plazos de pago. Las empresas tendrán la opción de elegir entre plataformas privadas interconectadas o una solución pública gratuita desarrollada por la Agencia Tributaria para gestionar sus facturas electrónicas.
Este nuevo sistema, que reemplaza el uso de documentos en formato PDF, Excel o papel, incluirá la obligación de informar sobre el estado de cada factura, incluyendo su aceptación y la fecha de pago efectivo. Se espera que esta medida impulse la digitalización del tejido empresarial español.