El Consejo de Estado ha manifestado su oposición al nuevo real decreto del Ministerio de Trabajo, que busca implementar un sistema digital para controlar la jornada laboral. Este órgano consultivo advirtió que la norma podría acarrear costes de cerca de 1.000 millones de euros para las empresas, un impacto que contradice las estimaciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que lo había considerado casi nulo.
El decreto, que fue separado de un proyecto de ley sobre la reducción de la jornada laboral, ha sido criticado por su formulación reglamentaria. Según el Consejo, esto excede las competencias legales y afecta aspectos de la protección de datos y la negociación colectiva. Las organizaciones empresariales, como CEOE y Cepyme, ya habían expresado su preocupación, sugiriendo que la medida debería ser legislada en lugar de regulada mediante un decreto.
Si el real decreto avanza, se prevé que CEOE recurrirá la norma ante los tribunales. El Consejo de Estado ha declarado que la norma no debería ser aprobada, basándose en sus observaciones sobre la legalidad y la necesidad de un proyecto de ley para abordar este tipo de obligaciones laborales.