El Gobierno español ha aprobado un nuevo Real Decreto que establece la obligación de utilizar la facturación electrónica en las transacciones comerciales, con el objetivo de mejorar la digitalización y reducir la morosidad en el ámbito empresarial. Esta medida, que busca beneficiar a las pequeñas y medianas empresas, podría generar un ahorro superior a5.000 millones de euros en costes de gestión.
La transición hacia la facturación electrónica se llevará a cabo de forma progresiva, comenzando el1 de julio de 2026. Las empresas con una facturación anual superior a8 millones de euros deberán adaptarse al nuevo sistema un año después de dicha fecha. Actualmente, solo el20% de las grandes empresas cumple con los plazos de pago establecidos, mientras que alrededor de la mitad de las pymes lo hace.
Se estima que en España se emiten cerca de500 millones de facturas electrónicas anualmente, lo que ha permitido a las empresas ahorrar2.700 millones de euros. Si se alcanza un volumen similar al de Italia, que maneja2.000 millones de facturas electrónicas al año, el ahorro potencial podría ascender a8.000 millones de euros.