Las comunidades autónomas requieren una aportación adicional del Estado de 20.975 millones de euros para asegurar su financiación. El Gobierno, por su parte, busca el respaldo del PP para implementar un nuevo modelo de financiación autonómica, previamente acordado con ERC.
Ambas partes deben llegar a un consenso sobre esta cuestión, que lleva estancada durante más de una década, especialmente en un contexto de aumento en la recaudación fiscal. Los partidos tradicionales, PSOE y PP, que suman cerca del 75% de la representación en el Congreso, tienen la responsabilidad de establecer criterios comunes que consideren las particularidades de Catalunya y otras comunidades.
La financiación singular de Catalunya es un tema que requiere atención, abordándolo como se hizo con la amnistía, para encontrar una solución al conflicto. La percepción de infrafinanciación en Catalunya es compartida tanto por los independentistas como por la mayoría de los ciudadanos. Economistas como Francisco de la Torre y Ángel de la Fuente han señalado que, aunque no es justo otorgar privilegios políticos, es necesario para la convivencia.