El Real Decreto-ley 1/2026 establece una nueva protección para los trabajadores en relación a los retrasos causados por el transporte público. Esta normativa, presentada por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, garantiza que los empleados no puedan ser sancionados ni sufrir represalias por tardanzas debidas a incidencias de trenes, como el colapso de Rodalies.
La ministra aclaró que por primera vez se incluye en la legislación española una disposición que obliga a Renfe a certificar los retrasos y ausencias, asegurando así que los trabajadores no enfrenten consecuencias laborales. En el debate del pasado 11 de febrero en el Congreso de los Diputados, se abordó cómo las dificultades en el transporte pueden impactar negativamente en la vida laboral de muchos empleados.
Díaz también enfatizó que, aunque los autónomos tienen derecho a descontar salario por tiempo no trabajado, no se puede aplicar automáticamente la recuperación de horas. Las medidas disciplinarias solo serán válidas si los retrasos son reiterados y carecen de justificación, para evitar riesgos de improcedencia o nulidad en despidos.