Las micropymes en España enfrentan serias dificultades que limitan su expansión, a pesar de la recuperación económica y el aumento del empleo. Según la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), el crecimiento de trabajadores en microempresas fue solo del 0,4% en 2025, en contraposición al 4,5% en grandes empresas, lo que pone de manifiesto sus retos para consolidarse.
El sistema de facturación electrónica Verifactu, cuya obligatoriedad se ha pospuesto de 2026 a 2027, ha suscitado un intenso debate sobre su impacto en estas pequeñas empresas. Organizaciones como Fedepesca, Cedecarne y Ceoppan han solicitado que las empresas unipersonales con menos de 10 trabajadores queden exentas de esta normativa, al igual que las comunidades de bienes con integrantes mayores de 60 años.
CEPYME argumenta que estas demandas son justas desde un punto de vista fiscal y respetan el principio de proporcionalidad para asegurar la viabilidad de las micropymes. Además, piden un tratamiento específico para ventas por báscula y una entrada en vigor escalonada de la normativa, considerando factores como el régimen fiscal aplicable y el volumen de facturación anual.
Para facilitar la adaptación al nuevo sistema, CEPYME sugiere deducciones fiscales en el IRPF para inversiones necesarias para la implementación de Verifactu.