La reciente derogación del decreto ómnibus por parte de PP, Vox y Junts ha dejado a los desempleados obligados a declarar el IRPF y ha eliminado incentivos fiscales. Con 171 votos a favor y 178 en contra, este decreto, que incluía la revalorización de las pensiones, no logró el respaldo necesario en el Congreso. Las críticas al Gobierno se centraron en su intento de vincular la aprobación de medidas sociales con la revalorización de las prestaciones, lo que algunos partidos consideran un chantaje.
Este año, el Ejecutivo deberá aprobar la subida de las pensiones de manera independiente, dada la oposición de las formaciones políticas mencionadas. La revalorización afectará a 10,4 millones de pensiones contributivas que reciben 9,4 millones de beneficiarios, quienes ya han visto un incremento del 2,7% en sus nóminas desde enero. A pesar de las compensaciones económicas para propietarios afectados por la suspensión de desahucios, los partidos opositores han criticado la protección que el Gobierno otorga a los okupas.
Durante el debate parlamentario, el diputado del PP, Juan Bravo, instó al Gobierno a presentar la revalorización de pensiones de forma separada para evitar que se utilice como un medio de presión. Esta situación refleja la creciente tensión entre el Ejecutivo y los partidos de la oposición en temas de política social y económica.