El Gobierno de España enfrenta un desafío significativo en la ejecución de las reformas necesarias para cumplir con los hitos establecidos por Bruselas, ya que se cuentan con 86.696 millones de euros en convocatorias abiertas. A menos de ocho meses para la finalización del plazo, la fragmentación política y la debilidad del Ejecutivo de coalición complican la aprobación de medidas esenciales.
Las agencias de calificación crediticia, como S&P, Moody's y Fitch, han elevado la calificación de España, destacando el crecimiento del PIB, impulsado en parte por la inmigración. Sin embargo, advierten que la polarización política es un riesgo significativo que podría obstaculizar el progreso en reformas críticas, incluyendo la oferta de vivienda y la consolidación fiscal.
El Foro de Davos también ha señalado la polarización como una amenaza en su último informe sobre riesgos globales. Con una deuda que supera el 101% del PIB, el Gobierno se ha apoyado en los fondos europeos del Plan de Recuperación para mantener la inversión. Sin embargo, estos fondos concluirán en agosto de este año, lo que obliga al Ejecutivo a avanzar en su ejecución para garantizar el crecimiento.
Recientemente, el presidente Pedro Sánchez anunció la creación de un fondo soberano que se financiará con 10.500 millones de euros de los fondos europeos, con el objetivo de movilizar hasta 120.000 millones de euros en colaboración con el sector privado.