La sentencia del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha llevado a la Fiscalía a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por la revelación de secretos relacionados con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Esta decisión judicial se produce en un contexto de atención mediática sobre la gestión de la información y la protección de datos en el ámbito público. El recurso presentado por la Fiscalía busca reinterpretar los alcances de la sentencia y sus implicaciones legales.