La controversia en torno al proceso judicial y la condena a Álvaro García Ortiz por desmentir una afirmación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha generado un gran impacto. A pesar de la decisión del tribunal, los cinco magistrados que respaldaron el fallo han intentado limitar las consecuencias de la inhabilitación sobre la carrera de García Ortiz, quien fue fiscal general del Estado.
En su resolución, los magistrados dejaron claro que no les competía abordar las responsabilidades disciplinarias relacionadas con el delito de revelación de datos reservados. Su intención fue que la inhabilitación se aplicara únicamente a su cargo actual, permitiendo así que la sanción no afectase su estatus como fiscal.
Como resultado, la nueva fiscal general, Teresa Peramato, ha podido reinstaurar a García Ortiz en su categoría de fiscal de Sala, dado que este puesto no está restringido a miembros de la estructura orgánica de la Fiscalía.