La creación de 500 plazas judiciales fue anunciada por el ministro Félix Bolaños en enero, y es una de las iniciativas del Gobierno que enfrenta la oposición de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló. Esta desconfianza se manifiesta en su gestión, donde busca colocar a miembros afines al PP en puestos clave dentro del órgano de gobierno de los jueces.
Perelló, quien asumió el cargo con una imagen progresista, ha formado alianzas con los vocales conservadores y con Carlos Hugo Preciado, el vocal propuesto por Sumar, para influir en decisiones cruciales del Consejo. Además, se encuentra en medio de la implantación de los nuevos tribunales de instancia, que sustituirán a los juzgados unipersonales.
Este proceso de transición es complejo y requiere la colaboración de 12 Comunidades Autónomas, que deben asegurar que estos tribunales cuenten con los recursos necesarios en sus respectivas jurisdicciones.