En un caso judicial en Nuevo México, la fiscalía ha acusado a Meta de no proporcionar información suficiente sobre los riesgos que enfrentan los menores en sus plataformas. Se sostiene que la empresa ha incumplido las leyes estatales de protección al consumidor al no revelar adecuadamente estos peligros. Esta situación se produce en medio de un aumento en el número de avisos sobre explotación sexual infantil que reciben las fuerzas de seguridad, muchos de los cuales, según especialistas, carecen de utilidad.
El abogado de Meta, Kevin Huff, argumentó que la compañía ha tomado medidas para informar sobre los riesgos y ha implementado herramientas para detectar contenido dañino. En su defensa, enfatizó que el objetivo del proceso no es demostrar la existencia de contenido problemático en redes sociales, sino esclarecer si la empresa ocultó información relevante a los usuarios.
Este caso se enmarca en una tendencia más amplia de demandas en Estados Unidos contra grandes empresas tecnológicas, que enfrentan cuestionamientos sobre el impacto que sus servicios tienen en la seguridad de los menores. Agentes que forman parte de la red Internet Crimes Against Children (ICAC) están en la primera línea de la lucha contra la explotación infantil en línea, aportando datos y ejemplos concretos a esta problemática.