El nuevo Real Decreto ley 2/2026, aprobado el 3 de febrero, introduce una moratoria que suspende los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2026 para inquilinos en situación de vulnerabilidad. Esta medida ha generado controversia, ya que recae la responsabilidad de atender a estas familias sobre los propietarios, quienes en su mayoría son pequeños arrendadores. Según datos del Observatorio del alquiler, un 93,4% de los propietarios en España son personas mayores que dependen de los ingresos del alquiler para cubrir sus necesidades.
El rechazo de un conjunto de medidas legislativas ha llevado al Gobierno a fragmentar el denominado «escudo social», creando dos nuevos reales decretos, uno enfocado en las pensiones y otro en la regulación de la vivienda. Esta situación ha suscitado preocupaciones sobre la falta de protección judicial para los propietarios, que se ven obligados a asumir una carga que debería corresponder a la Administración. La inacción de los poderes públicos en la creación de viviendas sociales y en la promoción de soluciones habitacionales ha incrementado la incertidumbre en el mercado, lo que ha llevado a muchos propietarios a retirar sus pisos, disminuyendo así la oferta frente a una demanda en aumento.