Desde hace casi tres años, el Gobierno español no ha presentado unos presupuestos, lo que ha generado preocupaciones sobre la transparencia y la legalidad de su gestión. La falta de un plan presupuestario es un hecho inédito en la historia democrática del país, a pesar de un crecimiento económico que, según el Ejecutivo, debería justificar la necesidad de cuentas públicas.
Recientemente, un informe del Tribunal de Cuentas ha revelado que se han desviado fondos europeos destinados a la recuperación económica para otros usos, como el pago de pensiones. Esta situación ha llevado a la crítica sobre la forma en que se están gestionando las cuentas, con acusaciones de que se están realizando trampas contables para equilibrar las finanzas del Estado.
La Constitución obliga a la presentación de presupuestos, una responsabilidad que el Gobierno ha eludido. Los cambios en las prioridades de gasto, como el aumento en defensa, deberían ser aprobados por el Parlamento, que se encuentra excluido de este proceso. Utilizar leyes de emergencia, creadas durante la crisis del Covid, para justificar estos cambios puede acarrear serias consecuencias legales y reproches de los órganos de fiscalización.