El uso de 2.389,4 millones de euros de fondos Next Generation para financiar pensiones ha generado críticas significativas por parte de cinco consejeros del Tribunal de Cuentas. Estos consejeros, encabezados por Enriqueta Chicano, han manifestado su desacuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez por la falta de presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2024, lo que consideran un incumplimiento de la Constitución.
El informe emitido por el Tribunal señala que el análisis crítico sobre la prórroga presupuestaria es insuficiente y no aborda adecuadamente las consecuencias de su aplicación. A pesar de que la contabilidad del Estado para 2024 fue aprobada, la decisión se tomó tras intensos debates entre los miembros del órgano fiscalizador, evidenciado por los votos particulares de casi la mitad de su cúpula.
Los consejeros, incluyendo a José Manuel Otero, Rebeca Laliga, Miguel Ángel Torres y Helena Hernáez, han expresado su preocupación por la falta de un análisis crítico en el informe sobre las deficiencias de la normativa que regula las prórrogas presupuestarias y las implicaciones que esto conlleva para una gestión adecuada.