El registro horario impulsado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, podría generar un coste adicional para las empresas de aproximadamente 1.000 millones de euros, según un informe del Consejo de Estado. Este análisis, elaborado bajo la dirección de las exministras Carmen Calvo y Magdalena Valerio, desaconseja la aprobación de la norma, aunque su dictamen no es vinculante.
A pesar de las recomendaciones del Consejo, Díaz ha manifestado su intención de avanzar con el registro, desafiando así a la facción socialista del Gobierno que ha presentado varios informes en contra. En un mensaje en la red social Bluesky, sostuvo que el nuevo sistema digital busca prevenir las horas extra impagadas y está respaldado por los sindicatos, a pesar de la oposición de la patronal.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también ha expresado su preocupación por la medida, que se plantea como un plan B tras el fracaso de la ley de reducción de jornada. La situación se complica en medio de tensiones internas en el Ejecutivo y un contexto internacional marcado por conflictos.