La solicitud de prisión de siete años contra el empresario Víctor de Aldama, principal confidente en el caso Mascarillas, ha generado controversia en el juicio. El Partido Popular (PP), que actúa como acusación popular, ha exigido que esta pena se reduzca, lo que podría permitir la suspensión de la misma y evitar su ingreso en prisión.
Esta situación ha llevado a una presión significativa sobre el Ministerio Público, con acusaciones dirigidas a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, por supuestamente influir en el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, para que mantuviera su petición original. No obstante, Luzón ha desmentido que exista alguna instrucción favorable al Gobierno de Sánchez en este asunto.